Durante muchos años, por no decir siglos, grupos étnicos o individuos con deficiencias físicas o mentales han sido excluidos de distinta manera del aparato escolar y del productivo. La lucha política de estos sectores ha logrado algunas reivindicaciones y lentamente algunas legislaciones comienzan a contemplar sus derechos y a proponer el respeto de los mismos, como un elemento imprescindible de la democracia y la convivencia.

En la educación superior colombiana estos avances se habían limitado a facilitar el acceso de estudiantes afrodescendientes e indígenas que, sin presentar altas cifras de eficiencia académica en las pruebas saber, se enfrenta por uno o dos cupos en cada uno de los distintos programas. El Ministerio de Educación pensaba que de esta manera se compensaba la discriminación de años. Sin embargo, el problema no queda resuelto y, por el contrario, se complejiza cuando estos estudiantes chocan con múltiples impedimentos que van desde lo pedagógico hasta la inserción en el entorno urbano, ya que muchos de ellos (especialmente indígenas y afros), provienen de regiones rurales apartadas.

El impacto de cambiar de entorno, la soledad en medio de una sociedad hostil, la carencia de recursos económicos, el lastre de una educación deficiente, los imaginarios con que llegan, una cultura basada en la oralidad y aferrada a lo mítico y legendario, constituyen algunos de los obstáculos a los que se enfrentan estos jóvenes deseosos de salir adelante, gracias a la movilidad social que brinda la educación, pero sus ilusiones se frustran cuando las obligaciones académicas se vuelven imposibles de cumplir y el acceso al conocimiento se vuelve torturante porque las lógicas didácticas empleadas por los docentes se tornan inasibles para su entendimiento.

Las estadísticas muestran un fracaso contundente de estos jóvenes. Pocos son los que logran graduarse, los demás fracasan en el intento porque no hay un verdadero acompañamiento, ni un diálogo sobre sus propios saberes, su mundo simbólico; porque los docentes no estamos preparados para construir conjuntamente con ellos caminos que nos lleven a discutir los conocimientos propios y ajenos.

Las jóvenes con discapacidad también están expuestos a graves problemas. La ciudad no está hecha para los invidentes, los obstáculos físicos para su desplazamiento se atraviesan por todas partes, lo mismo sucede a quienes tienen problemas de movilidad. Los edificios, los andenes y las calles son una negación permanente a las necesidades de estos seres humanos.

Por todo esto, el éxito de las políticas de inclusión educativa tiene que involucrar a toda la sociedad, pues se trata de que, como dice el MEN en la introducción a los Lineamientos de la educación inclusiva, “no son los estudiantes los que deben cambiar (…) sino el sistema mismo que debe transformarse”.

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25/04/2014