La mujer con discapacidad se enfrenta a una doble discriminación, por el hecho de tener una discapacidad y por ser mujer. Si comparamos su situación con los dos grupos de referencia (mujeres sin discapacidad y hombres con discapacidad) la discriminación es patente en todos los órdenes de la vida, y se acentúa en el ámbito de la violencia de género.

Podemos afirmar que la mujer con discapacidad sufre más violencia, más grave y durante más tiempo, que la mujer sin discapacidad. De acuerdo con la Macroencuesta de Violencia de Género de 2011, mientras que el porcentaje de mujeres sin discapacidad que sufrían violencia de género era del 12,6 %, en las mujeres con discapacidad leve este porcentaje ascendía al 17,4%, y subía al 21,1% en las mujeres con una discapacidad grave. La intensidad de la violencia sufrida era un 41% mayor en las mujeres con discapacidad grave que en las que no la tenían. Y por último, si tenemos en cuenta el porcentaje de mujeres que sufre violencia de larga duración, es decir aquella que supera los 5 años, en las mujeres sin discapacidad nos encontramos con un 67,3%, mientras que en las mujeres con discapacidad el porcentaje llega hasta el 83,6%.

PERCEPCIÓN SOCIAL

Existen multitud de razones para explicar el porqué de estas cifras. Algunas son inherentes a la propia discapacidad como por ejemplo la menor posibilidad de defenderse o reaccionar frente a los ataques. De hecho, los estudios nos demuestran que cuanto mayor es el grado de dependencia, mayores posibilidades existen de sufrir violencia. En otras ocasiones, es la percepción social de la discapacidad, y la existencia de falsos mitos sobre la misma, la que fomenta la violencia. Así, se puede llegar a considerar a la mujer con discapacidad como una “mercancía dañada”, una persona con menos valor o como un miembro inferior de la sociedad, carente de los mismos derechos y dignidad que el resto de personas. Dicha percepción hace que, en ocasiones, el maltratador no perciba el abuso y el maltrato como tal, le reste importancia o se llegue a justificar por la condición de la víctima.

No debemos olvidar tampoco que las mujeres con discapacidad tienen y han tenido un menor acceso a la educación, carecen de empleo o este es de menor calidad, y sufren un porcentaje de pobreza mayor que el resto de la población; circunstancias que en algunos casos fomenta la violencia y, en otros, impide salir de ella. Por último, pero no menos importante, hemos de tener en cuenta la situación de aislamiento en la que se encuentran muchas mujeres con discapacidad, especialmente en el ámbito rural, lo que las convierte en personas más vulnerables y susceptibles de ser objeto de violencia.

MÚLTIPLES OBSTÁCULOS

En el supuesto de que la mujer con discapacidad decida poner fin a la situación de violencia, va a encontrarse con múltiples obstáculos. Al problema de poder expresar y comunicar los malos tratos (especialmente en personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o discapacidad sensorial), se añade la falta de credibilidad cuando, como pueden, relatan las experiencias sufridas. En otros casos, tienen dificultades para acceder a la información necesaria, porque esta no se encuentra en formatos accesibles ni redactada de forma que sea comprensible.

El hecho de estar sujeta a la asistencia y cuidados de otra persona, cuando esa otra persona es el maltratador, impide a muchas mujeres salir de la situación de violencia, ante el horizonte de verse completamente desamparadas. La posibilidad de ser institucionalizada y/o de perder a los hijos o las relaciones familiares es un lastre incuestionable al que se tiene que enfrentar la mujer en aquellos casos en los que no cuente con la ayuda social, asistencial e institucional necesaria.

Si escapar de una situación de violencia es muy difícil para cualquier mujer, para una con discapacidad lo es aún más, especialmente si, como nos dicen los estudios, un número importante de ellas desconoce que está siendo víctima de violencia. En este sentido entendemos que es imprescindible facilitar a las mujeres con discapacidad la información necesaria para, por un lado, identificar las situaciones de violencia y, por otro, conocer los recursos existentes y los derechos que las amparan y que les permiten tomar sus propias decisiones y ser dueñas de su destino.

La labor que podemos desempeñar los abogados es fundamental, para lo cual no solamente debemos empatizar con la víctima y conocer a fondo su situación y sus necesidades, sino que hemos de ser capaces de comunicarnos efectivamente, recibiendo y transmitiendo toda la información necesaria de forma comprensible y clara, y contando además, si es necesario, con terceros profesionales que nos ayuden a mejorar nuestra relación abogado-cliente. De esta manera, como colectivo, podremos poner nuestro granito de arena y evitar que se continúe la cadena de discriminación a la que están sujetas muchas mujeres con discapacidad en nuestro país.

Germán Sánchez Díaz de Isla

Abogado de AMUDIS (Asociación de Mujeres con Discapacidad) de Palencia

Abogacia.es
31/01/2017