Las delegadas provinciales de Gobierno y para la Igualdad y Bienestar Social, María Gámez y Amparo Bilbao, respectivamente, han mantenido hoy un encuentro con la Sociedad Federada de Sordos de Málaga para hacer entrega a su presidente, Daniel Aguilar, del anteproyecto de ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera.

La norma, que amplía la legislación estatal de 2007 sobre esta materia, se aplicará fundamentalmente en los ámbitos de los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.

En la provincia de Málaga 7.650 personas tienen reconocida por el Centro de Valoración y Orientación una discapacidad auditiva o sordoceguera, y por tanto, podrán beneficiarse en nuestra provincia de la nueva normativa de la Junta de Andalucía.

El anteproyecto establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población anda-luza afectada por este tipo de discapacidades.

Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

María Gámez ha subrayado que se trata de “convertir en derecho” todas aquellas iniciativas que hagan posible la “integración plena en la sociedad” de las personas con discapacidad auditiva.

La delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, por su parte se ha referido a la figura del mediador para las personas con sordoceguera, que les ofrecerá una atención “adecuada a sus circunstancias”. Amparo Bilbao también ha señalado que “no todas las personas con discapacidad auditiva presentan las mismas necesidades ni requieren el mismo apoyo”.

Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el anteproyecto supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión admi-nistrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley.

El Gobierno autonómico promueve la formación del personal de la Administración en lengua de signos, tanto mediante cursos del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) como de las distintas universidades.

Asimismo, la norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva. De igual modo, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

En cuanto al ámbito educativo, el anteproyecto incluye disposi-ciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

Finalmente, la futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.

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8/01/2010