En la Legislatura del Chubut queda pendiente el tratamiento de la Ley I número 207 que organizaría un sistema de protección integral para personas con síndrome autista, que ya fue sancionada en 1999 aunque aún sigue sin ponerse en funcionamiento.

La diputada radical Marta Raso presentó en abril un proyecto de resolución para que fuera reglamentada la postergada ley que convertiría a Chubut en la primera provincia del país en tener una legislación de este tipo. “Al no reglamentarse, no se puede aplicar”, dijo la legisladora a Aire Patagónico.

Los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) no están contemplados en la actual Ley Nacional 24.901 de Discapacidad -por no estar dentro del nomenclador de incapacidades de la Ley 22.431-. En este momento, asociaciones civiles de todo el país están reuniendo un millón de firmas para que se revierta la situación. Sin embargo, APADEA (Asociación de Padres de Autistas) pide una ley específica para el autismo.

“El autismo no puede ser tomado como una discapacidad común. Necesitan tratamientos muy específicos, como el cognitivo conductual que es muy personalizado, ya que para concurrir a la escuela tienen que tener un acompañante terapéutico”, describió la diputada.

La ley que todavía no se reglamentó en la Legislatura chubutense contempla que la asistencia para los pacientes autistas debe ser integral. Las prestaciones alcanzarían desde lo médico-sanitario hasta el apoyo educativo, deportivo y de ayuda social. Además, el Estado provincial se compromete a hacer campañas de difusión y sensibilización sobre el autismo y otros TGD.



NUMEROS ESTIMATIVOS



“Uno de los artículos determinaba un relevamiento de los casos por parte de la Secretaría de Salud, y al día de hoy no sabemos cuántos casos hay en la provincia del Chubut”, explicó Raso en sus declaraciones radiales.

Estimaciones extraoficiales dicen que en Comodoro habría al menos 400 casos de niños y niñas con dificultades para acceder al tratamiento cognitivo conductual. “Es urgente que se trate el tema”, subrayó la diputada de la Unión Cívica Radical.

La legisladora sostuvo que de no reglamentarse la Ley, la única vía que quedaría sería la de presentar un recurso de amparo exigiéndole al Estado el cumplimiento de la norma sancionada hace 11 años

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26/10/2010