La Ley 7/2014 de 13 de noviembre incorpora medidas que garantizan la atención e intervención de las Administraciones Públicas castellano manchegas, más allá de las obligaciones legales básicas, asumiendo el compromiso de:

• Incluir a las personas con discapacidad en su ámbito competencial.

• Promover con dotación económica planes o estrategias específicas para garantizar su inclusión social.

Medidas vinculadas a la contratación pública.

La legislación de Contratos del Sector Público, fomenta las iniciativas que comporten la generación y el mantenimiento de empleo para las personas con discapacidad. Y para ello:

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de la Administración Autonómica, cuyo objeto esté relacionado con el ámbito de la atención a las personas con discapacidad, incluirán las siguientes cláusulas:

a) En los empates en la valoración final de las proposiciones presentadas por los licitadores, la adjudicación se hará a la empresa o entidad que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentación de proposiciones, un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad.

b) Condiciones especiales de ejecución que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

2. En la adquisición de productos y servicios tecnológicos de información y comunicación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, incluirán cláusulas que garanticen que los productos o servicios son accesibles también para las personas con discapacidad.

Cláusulas de Responsabilidad Social en la Contratación Pública.

Se adoptan cláusulas de responsabilidad social, para contribuir a la finalidad social de promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para ello:

En los procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos, se reserva la participación a centros especiales de empleo, cuando el 70% de los trabajadores, sean discapacitados.

El porcentaje de reserva se calculará tomando de referente el presupuesto destinado a la contratación de servicios, suministros y gestión de servicios públicos adecuados a estas entidades.

Esta circunstancia, tendrá referencia expresa en los anuncios de licitación.

Conclusión:

La ley pretende dar respuesta a la necesidad de que la Administración sea más eficaz y más cercana a las necesidades de los ciudadanos con discapacidad de Castilla-La Mancha.

Como instrumento de coordinación en la planificación y el seguimiento de estas políticas, se nombra a la Comisión de las Políticas de Discapacidad de Castilla-La Mancha.

Se ha establecido el plazo de un año, para determinar vía Consejo de Gobierno, las cláusulas de responsabilidad social aplicables a la contratación pública.

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NOTA.- Sara Castelo Ruano es abogado, socia fundadora de Tesera de Hospitalidad, una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de sus proveedores

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16/07/2015